Madrid, 24 de julio de 2024. Hace un mes, el Consejo General de Dentistas presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 366/2024, mediante el cual se cedía al País Vasco las competencias de homologación de títulos universitarios, entre los que se encuentra el de odontólogo. En el recurso, admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Organización Colegial solicitó la adopción de medidas cautelares, consistentes en la suspensión inmediata del RD impugnado.

Ahora, el TS considera procedente adoptar la medida cautelar instada por el Consejo General de Dentistas -y por varios Consejos Sanitarios que también habían recurrido-, por lo que el RD 366/2024 queda suspendido hasta que se resuelvan los recursos presentados. Así, la efectividad de la transferencia de competencias de homologación de títulos universitarios, que entró en vigor el 1 de julio, queda suspendida de forma cautelar.

Cabe recordar que las competencias para la homologación de títulos, tal y como se establece en la Constitución y en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, son del Estado, con la preceptiva participación de los Consejos Generales, a través de la emisión de informes a las solicitudes de homologación de títulos extranjeros. Por tanto, además de la posible falta de competencia autonómica, el traspaso al País Vasco de estas competencias supondría un incumplimiento de este reconocimiento expreso a los Consejos Generales.

A pesar de ello, el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de dichas competencias el 9 de abril, una decisión cuyo origen se enmarca en el acuerdo suscrito entre el PSOE y EAJ-PNV el pasado 10 de noviembre de 2023, para la formación del nuevo Gobierno y que incluía el compromiso de efectuar la transferencia al País Vasco de “los medios para homologar y declarar la equivalencia de los títulos académicos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros”.

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, celebra la decisión del TS, “pues dotar al País Vasco de estas competencias tendría dos importantes consecuencias. Por un lado, se pondría en peligro el principio de equidad, ya que cada comunidad autónoma impondría sus requisitos para acceder a la homologación; y por otro, surgiría un efecto contagio en otras regiones que también pedirían disponer de dichas competencias en el caso de sufrir escasez de profesionales sanitarios”.