- 05/02/2018
- Subido por: Javier Jorcano Álvarez
- Categoría: Hemeroteca
- La acusada, una protésico dental, fue condenada en primera instancia a pagar una multa de 840 euros y asumir las cosas procesales.
- Propietaria de un taller mecánico dental, la acusada tomó impresiones y colocó prótesis a los pacientes, funciones reservadas exclusivamente a los odontólogos y estomatólogos.
- El Consejo General de Dentistas ha solicitado recientemente a la Fiscalía General del Estado que se tomen las medidas necesarias para endurecer las penas por delitos de intrusismo profesional para hacerlas verdaderamente disuasorias.
Madrid, 5 de febrero de 2018.- La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por una protésico dental que fue condenada en primera instancia por un delito de intrusismo profesional. De esta forma, la Audiencia confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Valencia, que condena a la acusada a una pena de 3 meses y 15 días de multa con cuota diaria de 8 euros (840€) y al pago de las costas procesales.
Según dicta el juez en la sentencia, la acusada, propietaria de un taller mecánico dental, realizó funciones “exclusivamente reservadas a los odontólogos y estomatólogos” sobre la cavidad bucal de los pacientes, como toma de impresiones y colocación de prótesis, y que constituyen un delito de intrusismo profesional. Estos hechos han podido verificarse gracias al detective privado que contrató el Colegio de Dentistas de Valencia para comprobar que estas actividades se estaban llevando a cabo por una persona que carece de la titulación académica y oficial necesaria para ello.
El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, recuerda que el protésico dental es un profesional que no puede realizar labores asistenciales por no tener la formación requerida, por lo que no puede trabajar sobre la boca del paciente. Y si lo hace, está cometiendo un delito y poniendo en riesgo la salud de los pacientes. “Por eso, desde la Organización Colegial insistimos en la necesidad de acudir siempre a un dentista colegiado para tratar cualquier problema en la cavidad oral y, si tiene la más mínima duda al respecto, consultar en el Colegio de Dentistas de la provincia”.
En su lucha por evitar el delito profesional, el Dr. Castro Reino remitió la semana pasada una carta al Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, a quien solicitó que “se tomen de una vez por todas medidas encaminadas a hacer las penas verdaderamente disuasorias, puesto que estos delitos generan un alto riesgo para la salud de la población y, sin embargo, se saldan con condenas extremadamente leves”.